Gobernador Caicedo presentará denuncia penal contra responsables de irregularidades en construcción del CAE

El anuncio lo hizo en el marco de la entrega de este inmueble en comodato a la Alcaldía de Santa Marta para que allí funcione un centro de reclusión transitoria. 

Durante la entrega protocolaria del inmueble del Centro de Atención Especializada (CAE) a la Alcaldía de Santa Marta, el gobernador Carlos Caicedo anunció que presentará una denuncia penal contra la exgobernadora Rosa Cotes, el contratista y la interventoría por las irregularidades en la construcción de esta obra que se encuentra abandonada desde 2018, causándole un detrimento patrimonial al Departamento. 

Igualmente, dijo que presentará una queja disciplinaria contra Rosa Cotes ante la Procuraduría General de la Nación y pedirá a la Contraloría el inicio de una investigación fiscal por detrimento patrimonial. Además, aseguró que hará los trámites necesarios para hacer efectivas las pólizas.

Caicedo recordó que la primera fase del CAE para menores infractores fue contratada el 30 de diciembre de 2015, un día antes de terminar el mandato del exgobernador Luis Miguel Cotes con la Unión Temporal CAE del Magdalena por un valor inicial de $749.994.726 y un plazo de ejecución de seis meses.

El 27 de noviembre de 2017, su tía, la entonces gobernadora Rosa Cotes adicionó el valor del contrato en un 50%, es decir, $374.997.663, con lo cual esta obra terminó costándole a los magdalenenses $1.124.991.992.

El CAE debió ser entregado en 10 meses, pero lo hicieron en marzo de 2018, casi tres años después, sin que la anterior administración hiciera efectiva las pólizas que cubrían los riesgos de cumplimiento, buen manejo del anticipo, responsabilidad civil y estabilidad de la obra.

En julio de 2019, un equipo de expertos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) realizó una visita técnica de inspección antes de darle inicio a la segunda fase de esta obra, pero hallaron una serie de irregularidades tanto en el diseño como en la estructura física de la edificación, por lo que decidieron no continuar con la obra. 

Esto también trajo como consecuencia que Findeter decidiera retirar el aporte de $3.000 millones que había comprometido para financiar la segunda etapa del CAE.

“La administración de Rosa Cotes pasó por alto los hallazgos del Icbf, hizo caso omiso de la situación y prefirió prescindir de la oportunidad de tener en el Magdalena un CAE para menores infractores y aquí tenemos el resultado: un inmueble abandonado a su suerte, deteriorándose con el paso del tiempo, generando un daño emergente, un lucro cesante para el erario público y un contratista sin de qué preocuparse gracias a la complicidad de la exgobernadora”, afirmó Caicedo. 

Con el fin de evitar que este inmueble continúe deteriorándose, el gobernador Caicedo decidió aceptar la solicitud de la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, de entregarlo en comodato por el término de dos años para que allí funcione un centro de detención transitoria para sindicados y de esta forma ayudar a la descongestión de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de policía.

Así mismo, el mandatario ha adelantado conversaciones con el CAE de Turbaco (Bolívar) para trasladar allí a los 14 jóvenes que se encuentran privados de la libertad en Medellín, Manizales, Bogotá, Pasto y Montería debido a que en Santa Marta no funciona el CAE, por lo que la Gobernación fue forzada judicialmente a cubrir los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los familiares que los visitan en los últimos 4 años.  

La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, destacó el trabajo en equipo con la Gobernación para luchar contra la delincuencia y proteger los derechos y la dignidad de las personas privadas de la libertad.

“Al recibir en calidad de comodato el inmueble propiedad de la Gobernación del Magdalena y donde ahora funcionará el nuevo centro transitorio distrital cubrimos una necesidad imperiosa que tiene Santa Marta que, al no contar con un centro de 

reclusión para sindicados, se ha visto afectada por el alto hacinamiento en las URI y subestaciones de la policía”, expresó Johnson.