En un gesto de consenso político sin precedentes, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó ayer, con 127 votos a favor y por decisión unánime de todas las bancadas, el proyecto de acto legislativo que restituye la mesada 14 para los maestros pensionados, un beneficio eliminado hace casi dos décadas y que beneficiará directamente a más de 52.000 educadores jubilados en todo el país.
Esta aprobación en segundo debate, que ahora avanza hacia el Senado, marca un hito en la lucha por la equidad en el sistema pensional y resalta la gestión incansable de la Representante a la Cámara por Fuerza Ciudadana, Ingrid Aguirre Juvinao, coautora principal de la iniciativa junto a un equipo de congresistas comprometidos con la dignidad del magisterio.
El proyecto, radicado como acto legislativo de autoría congresional, busca enmendar el parágrafo 4 del régimen especial de pensiones del Magisterio, asegurando el pago adicional equivalente a una mesada anual para docentes nacionales, nacionalizados y territoriales en goce de pensión por jubilación, vejez, invalidez o sus sobrevivientes.
Suprimida en 2005 mediante el Acto Legislativo 01 como medida de austeridad fiscal, la mesada 14 –equivalente a la prima de servicios de junio– representaba un reconocimiento esencial a la labor formativa de los educadores.
Con esta aprobación unánime, el beneficio podría inyectar alrededor de 971 mil millones de pesos anuales al bolsillo de los pensionados, financiados a través del Fondo de Ahorro del Magisterio (Fomag), similar a los mecanismos ya implementados para las Fuerzas Militares y la Policía.
La relevancia de esta reforma va más allá de lo económico: en un contexto de déficits crónicos en la educación pública y pensiones insuficientes que dejan a miles de maestros en la precariedad –muchos terminando endeudados tras décadas de servicio–, la mesada 14 emerge como un acto de justicia reparadora. Según proyecciones del Ministerio de Educación, fortalecerá la sostenibilidad del Sistema General de Pensiones y alineará el sector con los principios de equidad de la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro. Especialmente en regiones marginadas como el Caribe, donde la deserción docente es rampante, esta medida incentivará la permanencia en el aula y dignificará una profesión clave para el desarrollo social de Colombia. La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) ha calificado el avance como «una reivindicación histórica», subrayando su impacto en la calidad de vida de familias enteras.
Al frente de esta victoria se encuentra Ingrid Aguirre, la congresista magdalenense cuya visión progresista ha sido el eje de la iniciativa. Como coautora principal, junto a los representantes Alejandro Ocampo (Pacto Histórico), Gérsel Pérez (Cambio Radical), Yenica Acosta (Partido de la U) y Karyme Cotes (Partido Liberal), Aguirre ha tejido una coalición multipartidista que superó barreras fiscales y políticas, demostrando una gestión que prioriza el diálogo y la acción concreta.
«Esta aprobación unánime es un homenaje a mi madre, exdocente de Ciénaga, y a Carlos Caicedo, fundador de Fuerza Ciudadana, por recordarnos que la educación es el motor del cambio. Dedicamos este logro a todos los maestros que han dado su vida por la patria, y que hoy ven reconocida su dignidad», declaró Aguirre al cierre de la plenaria, en un momento cargado de emoción que resonó en las redes y entre los gremios educativos.
Su trayectoria en la defensa de la educación no es nueva: elegida en 2022 con más de 71.000 votos como la única curul de Fuerza Ciudadana en Magdalena, Aguirre ha convertido su escaño en un bastión para las reformas sociales. Antes de llegar al Congreso, como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), impulsó inclusión y sostenibilidad, pero su raíz en un departamento azotado por desigualdades la impulsó a abogar por incentivos a universidades públicas y contra recortes presupuestales.
En este proyecto, su rol como ponente y articuladora fue clave para lograr el respaldo de más de 100 congresistas desde la radicación en agosto de 2025, incluyendo audiencias con pensionados y análisis de viabilidad financiera que convencieron incluso a sectores escépticos. El apoyo unánime de todas las bancadas –un raro consenso en un Congreso polarizado– refleja la solidez de la propuesta y el liderazgo de Aguirre, quien ha defendido públicamente la focalización en el magisterio para evitar presiones fiscales mayores, alineándose con el Ejecutivo. «La gestión de Ingrith no solo legisla; une voluntades por la equidad.
En un país que debe mucho a sus maestros, su capacidad para consensuar es un ejemplo para el progresismo», afirmó un portavoz de Fecode tras la votación. Con el trámite en el Senado pendiente –donde deberá surtir dos debates más antes de diciembre, seguidos de cuatro en la segunda legislatura de 2026–, Aguirre anuncia que intensificará la movilización: «Redoblaremos esfuerzos con foros en Magdalena y el Caribe para que ningún docente quede atrás. La mesada 14 no es un gasto, es una inversión en el futuro de Colombia». Esta aprobación no solo alivia la carga económica de los jubilados, sino que reafirma el rol del Congreso como aliado de la ciudadanía, gracias a figuras como Ingrid Aguirre, cuya labor transformadora ilumina el camino hacia una educación más justa y equitativa.
