El pasado 8 de mayo se celebró en la Gobernación de Cundinamarca la reunión convocada por el Presidente Duque y los Gobernadores del país. Lamentablemente, la Gobernación del Magdalena recibió invitación telefónica a participar con pocas horas de antelación, impidiendo por la distancia y el tiempo, mi presencia como mandatario del departamento; lo que evidencia del poco interés para que el pueblo del Magdalena estuviese representado.
La Gobernación del Magdalena ha sido sistemáticamente bloqueada y asfixiada por el gobierno del Presidente Duque y las acciones del exsenador Uribe en contra del legítimo derecho del pueblo del Magdalena a autogobernarse, entre las que destacamos:
- La usurpación, en medio de la pandemia, de la gestión del hospital departamental JMB de tercer nivel y la ESE Distrital, para entregárselo al cartel de la salud, en el que han estado involucrados congresistas, entre otros, el procesado exsenador Eduardo Pulgar.
- Conformación del pacto de Ciénaga entre alcaldes, congresistas y gobierno nacional para repartirse recursos de regalías que debe ejecutar el departamento.
- Bloqueo de cualquier proyecto de inversión del departamento del Magdalena con recursos del presupuesto nacional.
- El hundimiento de 16 proyectos de ordenanzas que favorecen a cerca de 890.000 personas más pobres del Magdalena, por la mayoría uribista de la Asamblea Departamental, excluyendo la gobernación.
- Apertura de investigación disciplinaria en mi contra, por parte de la Procuraduría porque como Gobernador he acompañado las legítimas protestas ciudadanas, un derecho recogido en la Constitución.
De tiempo atrás el gobierno departamental viene adelantado mesas de diálogo para garantizar el derecho a la protesta pacífica y atender demandas de diversos sectores sociales. Convocamos a los movimientos sociales y voceros de distintos sectores del país, a un Diálogo Departamental para abordar, entre otras, las siguientes propuestas:
- Detener el asesinato de manifestantes y las violaciones a los DDHH de la población.
- Reversar decisión de militarizar la protesta social, controlar el uso desproporcionado de la fuerza y desmonte del ESMAD.
- Retirar el proyecto de ley 010 de la regresiva Reforma a la Salud.
- Aprobar la renta básica universal con un ingreso mínimo para que los más pobres puedan adquirir canasta básica de alimentos.
- Devolver a gobernadores las facultades y recursos centralizados para conducir la recuperación económica, social y sanitaria, con subsidios a las mipymes y a la agricultura para la Seguridad alimentaria.
- Aprobar la educación superior pública gratuita con fondo de sostenimiento, emprendimiento y acceso a computadores con conectividad.
- Incrementar el programa nacional de vacunación y autorizar a gobernadores y alcaldes de ciudades capitales adquirir vacunas con los recursos del FOME.
- Retirar el Proyecto de Reforma de la Procuraduría General, que pretende destituir
mandatarios electos, especialmente los que no apoyamos al actual gobierno nacional.
Solicitamos al gobierno nacional realizar un genuino diálogo directo y eficaz que permita llegar a acuerdos con el Comité́ Nacional del Paro y los jóvenes marchantes, las comunidades indígenas y étnicas y las poblaciones de las distintas regiones del país, con el fin de garantizar sus derechos y restablecer las libertades democráticas.
Invocamos a la comunidad internacional un SOS por Colombia, y su acompañamiento humanitario.
