El gobernador Rafael Martínez instruyó que se establezca la búsqueda de salidas para resolver el conflicto de las fotodetecciones, con el fin de prevenir bloqueos que provocan afectaciones sociales y económicas en el departamento, entre tanto se estudian medidas de fondo, ya que este gobierno no es amigo de estas concesiones, y que fueron concebidas como un negocio y no como componentes de una política enfocada a la prevención y a la seguridad en nuestras carreteras.
Cumpliendo el compromiso que la Gobernación del Magdalena pactó en días pasados con los transportadores que protestaban por la condiciones y permanencia de los ocho puntos de fotodetección, estos a cargo de los Institutos de Tránsito de los municipios de Aracataca, Fundación y Zona Bananera, se realizó una reunión preparatoria en la que, junto a estos actores, participó la Policía de Tránsito y Transporte del departamento.
La naturaleza de este modelo de Gobierno popular y participativo es ser garantista de los derechos de los ciudadanos, por eso, la Oficina de Tránsito y Transporte del departamento liderará la una mesa técnica, esta vez con incidencia nacional. El propósito de la misma es revisar las denuncias pormenorizadas, evaluar la reubicación de los elementos electrónicos y precisar el cumplimiento de la calibración de cada una de las cámaras, entre otros apartados que provocan el descontento social.
«Desde agosto del año pasado, por directrices del exgobernador Carlos Caicedo, esta oficina atendió las quejas de los transportadores de la Troncal de Oriente. Oficiamos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para que realizara una visita la cual se efectuó en octubre pasado dejando unos hallazgos que fueron puestos en conocimiento de la Superintendencia de Transporte. Lo que estamos
buscando ahora es que sea el Ministerio de Transporte, la ANSV, los entes de control y el Ministerio Público, quienes se sienten y le respondan a nuestra gente», explicó Yang Domínguez, jefe de la Oficina de Tránsito y Transporte.
El gobernador Martínez ha sido enfático que, si bien, estas cámaras no son instaladas ni administradas por el departamento, sí es una misión de su equipo liderar salidas para resolver esta coyuntura, teniendo en cuenta las afectaciones sociales y económicas que provocan un bloqueo, al tiempo que se estudian medidas de fondo, ya que este Gobierno no es amigo de estas concesiones, y que fueron concebidas como un negocio y no como componentes de una política enfocada a la prevención y a la seguridad en nuestras carreteras.
BO – 0147 Santa Marta, 30 de abril de 2024
