Cómo un golpe de Estado sistemático fueron calificados los abruptos cambios que el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Rúgeles, viene haciendo en la Alcaldía de Santa Marta, cuyo alcalde titular y legítimo es el dirigente del movimiento Fuerza Ciudadana, Rafael Martínez, elegido por más de 93 mil samarios.
Fuerza Ciudadana por medio de un comunicado, indicó que lo hecho por Rúgeles solo apunta a un plan antidemocrático orquestado desde la misma Casa de Nariño, en alianza con la clase política tradicional y de élite que por siglos ha gobernado en el Magdalena y su capital, justamente, opositores de Carlos Caicedo, el más fuerte opcionado para ser el próximo gobernador del Departamento -según las últimas encuestas-, además de ser el principal vocero del grupo significativo.
Fuerza argumentó la llamada “persecución política” a través de una serie de hechos que son de conocimiento público en Santa Marta; todos relacionados con las familias y el gobierno del presidente Duque en aras de -posiblemente- afectar el ascenso de Caicedo y Virna Johnson en la Gobernación y la Alcaldía Distrital, respectivamente.
“En este camino, han venido realizando una serie de acciones sistemáticas como: primero, sanción disciplinaria en primera instancia en contra de Carlos Caicedo, fruto de un proceso iniciado bajo la Viceprocuraduría de Marta Castañeda, cercana al clan Cotes, nombrada ahora, secretaria jurídica por el alcalde encargado Rúgeles.
Segundo, la detención de Rafael Martínez, como estrategia para poder apartarlo del cargo de alcalde; tercero,
el nombramiento irregular de Andrés Rúgeles como alcalde encargado, en desconocimiento de un decreto de nombramiento de otro alcalde encargado, que gozaba de legalidad”, indicó Fuerza.
Igualmente, el movimiento apunta: “Cuarto, la negativa a cumplir con la normatividad vigente en Colombia, por parte de Iván Duque, para nombrar alcalde encargado, de terna entregada por Fuerza Ciudadana, movimiento que logra la elección de Rafael Martínez como alcalde legal y legítimo de Santa Marta.
Quinto, la realización de acuerdos con la gobernadora y las familias que han venido desangrando a Santa Marta y al Magdalena, a fin de hacerse con el manejo de los contratos y, por lo tanto, de los recursos públicos de los samarios”.
“La declaratoria de insubsistencias a varios integrantes del gabinete distrital a cambio de personas que tienen claros intereses y nexos políticos contrarios a nuestro movimiento y que buscan hacerse con la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), a fin de poder manejar los recursos que están previstos para la solución definitiva del problema del agua en Santa Marta, entre otros proyectos estratégicos y necesarios para la ciudad”; concluye el texto.
Finalmente, el movimiento exigió al Estado las garantías democráticas, jurídicas y de seguridad para poder continuar con la propuesta política que viene adelantando en derecho sobre toda la región.
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