He allí uno de los puntos neurálgicos de la controversia, y uno sobre el que Superservicios revela ahora nuevos datos, que parecen derrumbar en sus cimientos algunas de las columnas en las que se ha sostenido la justificación de la compañía eléctrica.
En las primeras conclusiones de un diagnóstico técnico, encontró que Electricaribe alcanza niveles de recaudo del 98% de lo que cobra por la energía a clientes residenciales, industriales y comerciales, que representan en su conjunto el 77% de la facturación total.
Además, las sumas dejadas de recaudar en el segmento en que tiene verdaderos problemas de no pago, el subnormal, equivalieron solo al 3% de lo facturado en 2015. Hay que añadir que, en este caso, hasta el 70% de las facturas están subsidiadas, por lo que Electricaribe recibió en los últimos dos años más de $1,5 billones de parte del Estado.
Es decir, las cifras muestran que la mayoría de usuarios sí paga por su servicio. “Es entonces inexacto afirmar que la actual situación financiera de la compañía se debe a una supuesta cultura generalizada del no pago”, dice José Miguel Mendoza, quien asumió como superintendente de Servicios desde julio de este año.
El informe da cuenta de que las deudas efectivamente existen, pero hay un sofisma que estos hallazgos dejan sin piso: Si la Costa no paga, ¿de qué se queja?
No. Resulta que en el Caribe hay una inmensa mayoría que paga. Y se queja, pues no tiene por qué responder por los problemas de una empresa para gestionar su cartera morosa. Porque, valga recordar, la gestión de cobro es una tarea de la misma Electricaribe. Según lo revelado, el problema no serían las deudas, como siempre ha dicho, sino su propio manejo financiero.
Allí se debe poner la lupa ahora. Porque cada vez se entiende menos que quiera obligar al Estado a asumir sus falencias, y que una región entera se vea obligada a pagar sus platos rotos.
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