La Fundación Policlínica Ciénaga ha anunciado el cierre definitivo de su Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCI) a finales de abril, una noticia que ha conmocionado a la comunidad del municipio y la región.
Luego de 19 años prestando un servicio esencial para la vida de los recién nacidos en condiciones críticas, la unidad dejará de funcionar debido a una profunda crisis económica que atraviesa la institución, la cual durante 32 años ha atendido a la población más vulnerable.
La decisión se produce en un contexto nacional de alerta frente a la sostenibilidad del sistema de salud. Hace pocos días, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en X (antes Twitter) sobre el cierre de las unidades de obstetricia y neonatología de la Clínica del Occidente en Bogotá, también por razones financieras.
El mandatario advirtió sobre la gravedad de que clínicas públicas y privadas cierren servicios vitales por falta de pago de las EPS, subrayando que esto pone en riesgo la vida de madres y recién nacidos.
El caso de la Policlínica Ciénaga refleja este mismo panorama, evidenciando que el problema no es aislado, sino parte de una crisis más amplia en el sistema de salud colombiano.
En el caso de Ciénaga, la principal causa del cierre es la imposibilidad de sostener el servicio ante la acumulación de deudas por parte de EPS ya liquidadas o en proceso de liquidación.
A esto se suma la expiración del contrato de arrendamiento de los equipos e instalaciones que permiten operar la UCI neonatal. La falta de recursos ha hecho inviable la continuidad de esta unidad, que durante casi dos décadas fue un pilar en la atención de neonatos en situación crítica.
Cabe destacar que los más perjudicados con este cierre son precisamente las poblaciones vulnerables, muchas de ellas provenientes de zonas apartadas del Magdalena, Cesar, La Guajira y Atlántico, que encontraban en esta institución una de las pocas opciones para atender emergencias neonatales.
Adicionalmente, la Policlínica denuncia el desvío de pacientes de alto riesgo obstétrico hacia clínicas de Santa Marta, lo que ha significado una disminución de ingresos aún más drástica. La ocupación de la unidad ha caído a niveles insostenibles, en un entorno donde las EPS vigentes también incumplen sus obligaciones económicas.
Esta combinación de factores ha obligado a la institución a tomar una decisión dolorosa que impacta directamente en la salud materno-infantil del municipio y la región. Así mismo, se ven gravemente afectados los profesionales y técnicos de la salud contratados exclusivamente para operar esta unidad especializada, quienes quedarán sin empleo.
Como si fuera poco, la crisis económica afecta también a su personal. Enfermeras, auxiliares clínicos, personal administrativo y de servicios generales llevan hasta cuatro meses sin recibir su salario, lo que ha generado un ambiente de frustración, incertidumbre y descontento.
El cierre de la unidad neonatal, sumado a los retrasos salariales, representa una alarma roja para las autoridades sanitarias. Es urgente que se tomen medidas efectivas que garanticen tanto la atención médica oportuna como la estabilidad laboral de quienes sostienen el sistema de salud en las regiones.
