CERCA DE UN AÑO TOMÓ DEFINIR SITUACIÓN JURÍDICA DE PRESUNTOS RESPONSABLES DE IRREGULARIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD EN SANTA MARTA
Con detención domiciliaria fueron cobijados el alcalde de Santa Marta (Magdalena), Rafael Alejandro Martínez; el exgerente de la Empresa Social del Estado (ESE), Edgardo Charris Salcedo; y el contratista Jesús Enrique Navarro Brito. El exalcalde de la ciudad, Carlos Caicedo Omar, y otros dos procesados deberán comparecer en libertad a la acusación presentada por la Fiscalía.
Bogotá D.C., 21 de marzo de 2019.
Un juez de control de garantías de Santa Marta (Magdalena) definió la situación jurídica de seis de los investigados por las presuntas irregularidades detectadas en la contratación de obras de construcción y remodelación de cinco puestos de salud para la ciudad, los cuales fueron demolidos y no habrían sido levantados ni terminados en su totalidad durante el tiempo pactado para que entraran en funcionamiento.
La diligencia judicial terminó 11 meses después de que la Fiscalía solicitó nueva audiencia de medida de aseguramiento contra los involucrados, y luego de dos suspensiones y cuatro aplazamientos por problemas de salud y renuncia de algunos abogados defensores.
De acuerdo con lo dispuesto por el juez, tres de los procesados deberán cumplir medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio, ellos son:
• Rafael Alejandro Martínez, alcalde de Santa Marta (Magdalena).
• Edgardo Charris Salcedo, exgerente de la Empresa Social del Estado (ESE).
• Jesús Enrique Navarro Brito, contratista. Otros tres vinculados a la investigación no recibieron medidas restrictivas de la libertad porque, a criterio del juez de garantías, actualmente no son funcionarios ni ostentan una posición que represente riesgo para las siguientes etapas judiciales. Esta decisión recae sobre:
• Carlos Caicedo Omar, alcalde de Santa Marta (2012–2015).
• Gregorio Antonio Domínguez Fonseca, exgerente de la Empresa Social del Estado (ESE).
• Carlos Fabián Slebi Palacio, interventor del contrato en cuestión. 2 Jueves, 21 de marzo de 2019 | Bogotá D.C.|
Las seis personas investigadas por las supuestas irregularidades detectadas en la contratación de los puestos de salud de Santa Marta (Magdalena) fueron acusadas formalmente por la Fiscalía General de la Nación el 24 de agosto de 2018, como presuntos responsables de los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Antecedentes
El material probatorio y la evidencia física en poder de la Fiscalía indican que, durante la alcaldía de Carlos Caicedo Omar (2012 – 2015), se habrían presentado irregularidades en las etapas precontractual, contractual y de liquidación del contrato N° 004 de 2014, que contemplaba la construcción de cinco puestos de salud en Santa Marta, en los sectores Bastidas, La Paz, Mamatoco, Taganga y La Candelaria.
Las obras fueron pactadas por un valor inicial de 6.537 millones de pesos y quedaron inconclusos cuatro de centros médicos.
Posteriormente, ya en el periodo del alcalde Rafael Alejandro Martínez, el distrito de Santa Marta suscribió el contrato N° 007 de 2016, que ascendió a 5 mil millones de pesos y tenía como propósito adecuar y terminar tres de los puestos de salud que quedaron pendientes en la anterior administración, en los sectores de Taganga,
La Paz y La Candelaria. En los dos contratos mencionados, además de incumplimientos en la ejecución, la Fiscalía advirtió un presunto peculado superior a los 4.000 millones de pesos.
Línea de Tiempo
• 28 de noviembre de 2017: capturados seis (6) de los presuntos involucrados, entre ellos el alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, y el exalcalde, Carlos Eduardo Caicedo Omar.
• 29 de noviembre de 2017: el fiscal de conocimiento imputó a los procesados por contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. 3 Jueves, 21 de marzo de 2019 | Bogotá D.C.|
• 30 de noviembre de 2017: la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los detenidos y el juez de control de garantías se abstuvo por considerar que no se corrió traslado de los elementos materiales probatorios a los defensores ni al delegado de la Procuraduría. Dicha decisión fue apelada por el fiscal del caso y el representante del Ministerio Público.
• 20 de febrero de 2018: el Juzgado 1° Penal de Conocimiento decretó la nulidad parcial de lo actuado y pidió al juez de control de garantías permitir el traslado de los elementos materiales probatorios a las partes involucradas en el proceso.
• 19 abril de 2018: la Fiscalía General de la Nación solicitó al juez de control de garantías fijar fecha para nueva audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. • 8 de mayo de 2018: Fiscalía presentó escrito de acusación ante el Centro de Servicios Judiciales de Santa Marta.
• 24 de agosto de 2018: se cumplió la audiencia de acusación contra ocho procesados. Se fijó como fecha para audiencia preparatoria el día 30 de octubre de 2018.
• 15 de marzo de 2019: luego de varias programaciones, suspensiones y aplazamientos desde la fecha de solicitud de la nueva audiencia de medida de aseguramiento (19 abril de 2018), el juez de control de garantías resolvió la situación jurídica de seis de los investigados.
La defensa presentó un recurso de reposición y en subsidio apelación. La Fiscalía presentó recurso de apelación contra la decisión que negó la imposición de medida contra Carlos Caicedo y otros.
• 18 de marzo de 2019: por dificultades de orden público en las cercanías del juzgado, entre otros motivos, fue aplazada la audiencia en la que el juez pretendía resolver la petición de la defensa e iba a dar por concluida la diligencia.
La Fiscalía hace pública esta información por considerarla de interés general.
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