En el país no se conocen muchas sanciones para quienes gastan más de lo permitido.
A medida que pasan las elecciones, la financiación de las empresas electorales es más costosa y gravosa para la sociedad, la cual no se explica por qué una campaña para un cargo público cuesta tanto dinero.
Este es un fenómeno que protagonizan desde algunos candidatos a la Presidencia hasta aspirantes a corporaciones públicas como concejos municipales, y no hay respeto por los límites de gastos fijados ni tampoco posibilidad de hacer cumplir con estas normas.
Cuando se trata de investigar y sancionar candidatos que hayan superado los límites máximos de financiación, la ley es inocua y poco contundente.
En los pasillos del Congreso se comenta que algunas campañas para Senado pueden llegar a costar hasta 40.000 millones de pesos. Las más costosas estarían en la costa Atlántica.
El lío es que no hay manera de probar esta irregularidad porque, en la mayoría de los casos, las campañas comienzan antes de tiempo y mucho del dinero invertido en ellas circula en efectivo. No se dejan rastros.
Sin ir muy lejos, hace unos días el representante a la Cámara por Cambio Radical Rodrigo Lara anunció que no regresará al Congreso porque es un ejercicio “muy costoso” y no tiene “plata para hacerlo”.
Dijo que actualmente debe el apartamento, el carro de su esposa y no puede poner en riesgo la estabilidad de su familia, pues una campaña, mínimo, vale 1.300 millones de pesos.
Un estudio de la firma Cifras y Conceptos, el Pnud y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, en 2014, entrevistó a 77 candidatos que afirmaron que, en promedio, una campaña al Senado puede costar $ 3.000 millones, pero algunos confesaron que ese valor puede llegar hasta 11.000 millones o un poco más. Fueron confesiones.
La Resolución 389 de 2014 del Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó los topes de campaña para Senado y determinó que cada lista –que puede estar compuesta hasta por 100 aspirantes– podía gastar hasta 74.000 millones de pesos. Esto daría de a 740 millones de pesos por candidato.
Adicionalmente, la Ley 1475 de 2011 estableció que el CNE y Planeación Nacional deben hacer un sondeo para establecer los costos de cada debate electoral, pero magistrados de ese tribunal dicen que no conocen ese estudio y que lo único que el CNE hace es aumentar los valores de los topes con base en el índice de precios al consumidor (IPC), con lo que se estaría violando otra ley.
Para el exministro de Gobierno Jaime Castro, la violación de topes electorales está “atada” al “deterioro de la vida política”.
“Hace unos años no había topes y la gente se defendía (…), pero llegaron los actores ilegales con costales de plata a comprar las curules para sus amigos”, dijo.
Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo electoral y autor del libro ‘El fraude electoral: lo que la tinta no corrige’, afirmó que los topes “son muy bajos y no reflejan la realidad de lo que cuesta la política”.
En esto coincide César Caballero, director de Cifras y Conceptos. “Que se suban los topes por lo menos al promedio de 3.000 millones que se dice gastar para Senado. Es ridículo mantenerlos en esos niveles tan precarios”, dijo.
Pese a que la Constitución indica que quienes violen los topes perderán su investidura o su cargo, hasta el momento eso no ha pasado. En el CNE no hay más de seis sanciones por esta falta, una de ellas la del alcalde de Puerto Gaitán, Meta, impuesta en 2014.
Elevar sanciones, ante la violación de los topes en las campañas, se proponen algunas soluciones.
El profesor de ciencia política de la Universidad Javeriana Juan David Velasco afirmó que una sería la “eliminación” del Consejo Electoral y la creación de “un nuevo tribunal, que esté apoyado por una unidad especializada para la investigación de delitos electorales, en la Fiscalía”.
Para el académico, esto debe ir acompañado de un “endurecimiento de las sanciones”.
Jaime Castro, exministro de Gobierno, dijo que un camino sería “abaratar” los costos de las campañas. “También se deben reducir en el tiempo las campañas (…)”, agregó.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha propuesto algunas reformas en la política, como el establecimiento de las listas cerradas a corporaciones públicas y la financiación estatal de las campañas como fórmula para “bajar el costo”.
Síguenos en la WEB: www.lalupacienaga.com.co
