El mediático caso de los pozos por el cual inhabilitaban al hoy gobernador del Magdalena en la Procuraduría también se cayó
La Procuraduría delegada para la Moralidad Pública prescribió la investigación que adelantaba en contra de Carlos Caicedo desde el 31 de julio del año 2014 por la contratación de cuatro pozos profundos en Santa Marta y en el cual hubo hasta una sanción preliminar que consistió en una inhabilidad por 12 años.
El ente del Ministerio Público optó por decidir ese fallo, ya que se presentó el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria, debido a que pasaron cinco años y no se pudo comprobar responsabilidad alguna en contra de los investigados.
Como se recordará, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 12 años al exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar (2012 – 2015), por unas presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción de cuatro pozos profundos, que suministrarían agua potable a la capital del Magdalena, por un valor de $1.085 millones.
De acuerdo con la investigación disciplinaria, el exalcalde, luego de la declaratoria de calamidad pública en la ciudad por la sequía que afrontaba, suscribió de forma directa el contrato con una firma que supuestamente no tenía la idoneidad ni la experiencia requerida para cumplir con las características técnicas que exigía esa obra.
Como consecuencia, se dijo que el contratista incumplió el contrato, ya que uno de los pozos no podría entrar en funcionamiento por graves deficiencias en su construcción.
Para el Ministerio Público, esa presunta situación vulneró los principios de la función administrativa y de la contratación con recursos públicos. Y por esos hechos también fue destituido e inhabilitado por 11 años el exgerente de Proyectos de Infraestructura de Santa Marta, Efraín de Jesús Vargas Corvacho (enero – octubre de 2014), quien tuvo a cargo la realización de los estudios previos.
La Procuraduría calificó la conducta cometida por los exfuncionarios «como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima».
No obstante y de acuerdo al análisis que la procuradora delegada para la Moralidad Pública, Olga Lucía Alfonso Velásquez, hizo en la redacción de este último fallo de prescripción, se nota que en la investigación hubo una especie de enajenación o un rumbo jurídico inocuo que buscaba solo ser mediático o como se dijo desde un principio por parte de los demandados: «un montaje político».
