El Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y del artículo 94 de la Ley 1222 de 1986, presentó ante la Asamblea del Departamento, en el marco de las Sesiones Ordinarias realizadas en los meses de junio y julio, los siguientes Proyectos de Ordenanza:
1.- Plan de Desarrollo del Departamento ‘Magdalena Renace’ 2020-2023.
2.- Adición del superávit fiscal 2019 y otras adiciones presupuestales.
3.- Determinación de las escalas salariales correspondientes a las distintas categorías de empleos de la Administración Departamental del Nivel Central para la vigencia fiscal 2020.
4.- Creación del Fondo de Gratuidad para la Educación Pública Superior en el departamento del Magdalena.
5.- Plan departamental de Extensión Agropecuaria del Magdalena 2020-2023.
La Administración cumplió con motivaciones, tiempos, requisitos y demás condiciones exigidas por la ley para la presentación de los proyectos.
En tal sentido, además de suministrar la información suficiente y necesaria consignada en la exposición de motivos de los Proyectos de Ordenanza radicados en la Secretaría General de la Duma Dptal, la Gobernación del Magdalena cumplió con todos los requerimientos e información complementaria que los honorables Diputados solicitaron en el transcurso del análisis y debate de los proyectos.
Así como las explicaciones necesarias, a través de los Secretarios de Despacho invitados al recinto de la Asamblea o en forma virtual.
Hoy, fecha en la que el período de Sesiones Ordinarios termina, nos vemos en la obligación de informarle a la opinión pública que únicamente fue aprobado y convertido en Ordenanza Departamental, uno de los proyectos presentados por el Gobierno y que corresponde al Plan de Desarrollo Magdalena Renace 2020-2023, proyecto aprobado el último día que por ley se tenía de plazo para hacerlo, es decir, el 15 de julio.
Es una lástima para toda la población magdalenense, que los otros cuatro proyectos presentados por la administración, no surtieran el trámite de ley, por parte de la Asamblea del Departamento, y que por parte de los Diputados, no se radicara ningún otro proyecto de ordenanza.
Desde la Gobernación, resaltamos el hecho de que la adición del superávit fiscal y otros ajustes presupuestales, resultado de recursos provenientes de la Nación, tuvo el debate y argumentación suficiente que implicaron que se diera ponencia favorable, (es decir, el proyecto cumplía con las especificaciones legales y técnicas), pero la Asamblea no viabilizó ninguno de los tres debates que por ley deben darse a un proyecto para que se convierta en Ordenanza del Departamento.
Suficientemente conocido para la opinión pública es el hecho del no trámite del proyecto citado pues va en contravía de la inversión social en sectores claves como la salud, la educación infraestructura, saneamiento fiscal y otras de gran trascendencia para el desarrollo del territorio por valor de $173 mil millones.
En el mismo sentido, el Proyecto de Ordenanza de Escalas Salariales tuvo ponencia positiva y primer debate pero no surtió el trámite necesario para que se avanzara con los debates segundo y tercero en claro perjuicio de los intereses de los trabajadores de planta del nivel central de la Administración Departamental, considerando que el incremento salarial para el año 2020 fijado por el Gobierno Nacional (Decreto No. 314 de febrero 27 de 2020) es un derecho legal así como el incremento del 2% adicional logrado en la mesa sindical desarrollada en el año 2019.
Es importante manifestar que el Gobierno Departamental le cumple puntualmente a la Asamblea con la transferencia, que al corte del mes de julio asciende a la suma de $3.000 millones y en lo que corresponde a los meses de junio y julio (último periodo de sesiones), la transferencia asciende a la suma de $881 millones.
La Gobernación del Departamento, en cabeza de Carlos Caicedo, lamenta que el período de Sesiones Ordinarias de la Asamblea, no haya logrado contribuir con la construcción de tejido social y económico para el departamento.
El poder que otorga la representación popular, supone una responsabilidad inmensa, que se traduce en el cumplimiento de las funciones que la ley y la constitución ordenan, pero también en el compromiso, diligencia y la voluntad política necesaria para construir cambios para nuestra gente.
