La decisión la tomó el Consejo de Estado, luego de estudiar en primera instancia, el caso de la electa senadora quien es investigada por ser la presunta cabeza de una empresa criminal que habría comprado votos en el Atlántico.
Tomado de El Espectador
El Consejo de Estado, en decisión de primera instancia, decretó la pérdida de investidura de la senadora electa, Aída Merlano. Según la decisión del alto tribunal, la excongresista, que hoy está presa en la cárcel El Buen Pastor, vulneró los topes máximos de financiación electoral. El magistrado ponente del caso, Carlos Alberto Zambrano Barrera, estableció en su ponencia que Merlano gastó más de $1.730 millones, suma que supera de lejos el monto máximo permitido que es de $884 millones.
El Consejo de Estado llegó a esta conclusión, luego de revisar la investigación que adelanta la Fiscalía, desde marzo pasado, cuando anunció que, en la sede de campaña de la hoy exsenadora, habían encontrado armas, fajos de billetes, fotocopias de cédulas y documentos que les permitía inferir que allí se estaba comprando votos para las elecciones parlamentarias. Días después del hallazgo en su sede de campaña, más conocida como La Casa Blanca, Aída Merlano fue capturada y puesta a disposición de la Corte Suprema de Justicia.
Merlano es investigada por los delitos de corrupción al sufragante agravado; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones y concierto para delinquir. De acuerdo con la Fiscalía, la organización «Casa Blanca» habría gastado más de $6.000 millones para conseguir la elección de Merlano el pasado 11 de marzo cuando alcanzó 73.250 votos.
De acuerdo con el Consejo de Estado, “la renuencia injustificada de la demandada a rendir el informe de ingresos y gastos de campaña, el incumplimiento del deber de nombrar el gerente de la misma, la omisión en la apertura de una cuenta bancaria para el manejo de los recursos, evidencian la intención de ocultar el flujo de gastos y denotan un claro propósito de quebrantar el ordenamiento legal para, con ello, obtener un provecho con miras a garantizar su elección al Senado, como en efecto ocurrió”, señaló el alto tribunal.
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