257 políticos, entre ellos 58 senadores y representantes a la Cámara, han sido condenados.
Redacción El Tiempo
Dos presidenciables. Cuatro expresidentes del Congreso. Un expresidente de la Cámara. Un director del DAS. Cincuenta senadores y representantes, entre ellos las cabezas de cinco partidos y movimientos. Una docena de gobernadores.
Esos eran los perfiles de muchos personajes de la vida pública colombiana que fueron literalmente barridos por el huracán judicial desatado por el escándalo de la infiltración de las autodefensas en el Congreso, en las asambleas, alcaldías y gobernaciones de casi todo el país.
Hace exactamente 10 años, Salvatore Mancuso fue el primer jefe paramilitar que empezó a dar cuenta detallada de hasta dónde se había extendido el cáncer de lo que el país conocería como la ‘parapolítica’.
El ventilador de los ‘paras’, sumado a las investigaciones académicas de la Fundación Arcoíris sobre los resultados de las elecciones para Congreso de marzo del 2006, condujo a la purga judicial más grande en la historia del país, superior incluso a la de la narcopolítica, que una década antes puso tras las rejas a dos docenas de miembros del Congreso y a un contralor y un procurador en ejercicio que recibieron plata del cartel de Cali.
A lo largo de estos años, la Corte Suprema y los jueces condenaron a 257 dirigentes políticos, entre ellos 58 congresistas y excongresistas y nueve gobernadores. En curso hay otras 463 investigaciones en todas las instancias.
¿Qué le queda a Colombia una década después? Aunque el mapa político del país sufrió un terremoto, especialmente en la Costa Atlántica, muchos de los herederos de los condenados terminaron recuperando sus feudos electorales. Y no solo conservaron su poder político sino la plata, pues los condenados por el escándalo deben 110.000 millones de pesos al país en multas que debían ir, y no han llegado, a las víctimas de los grupos ‘paras’.
Luis Fernando Velasco, el presidente del Congreso, dice que los políticos aprendieron la lección de que las alianzas con ilegales no son tales: “Los armados no pactan, se toman todo el poder”.
Y el exmagistrado Alfredo Gómez, uno de los que encabezaron las investigaciones de la Corte, advierte que si bien la catarsis fue clave para el país, un reto está en combatir una de las herencias más perversas del escándalo: la epidemia de los falsos testigos.
En cuerpo ajeno
A pesar del escándalo y las condenas, la mayor parte de los clanes políticos protagonistas de la ‘parapolítica’ terminaron reencauchados en hijos, hermanos, esposas o simples fichas.
Un caso emblemático es el de la política de Santander, donde el condenado exgobernador Hugo Aguilar tiene a uno de sus hijos, Richard, como gobernador y a otro, Mauricio, en el Senado.
Entre las esposas de ‘parapolíticos’ que llegaron al Congreso están Arleth Casado (su marido, Juan Manuel López, fue condenado en el 2008 por el ‘Pacto de Ralito’) y Doris Vega. Ella es la heredera del poder de Luis Alfonso Gil, fundador del partido Convergencia Ciudadana y quien fue condenado por las alianzas con los ‘paras’ en Santander.
En el Congreso están Teresita García (hermana del exsenador sucreño Álvaro el ‘gordo’ García, condenado a 40 años por la masacre de Macayepo) y Ciro Alejandro Ramírez, hijo del conservador Ciro Ramírez Pinzón, condenado por la Corte en el 2011.
La senadora conservadora Yamina Pestana, que sacó 80.000 votos en su primera aspiración al Parlamento, es hermana del prófugo cacique indígena Pedro Pestana.
Condenas emblemáticas
Mario Uribe Escobar, expresidente del Congreso: Uno de los políticos más influyentes de Antioquia, primo del expresidente Álvaro Uribe, estuvo 22 años en el Congreso. Fue condenado a siete años y seis meses de cárcel.
Miguel Pinedo Vidal: Poderoso político del Magdalena, fue presidente del Parlamento. Lo condenaron a nueve años de cárcel por el apoyo que recibió del exjefe ‘para’ Hernán Giraldo.
Hugo Eliodoro Aguilar: Condecorado oficial por la persecución a los carteles de la droga y exgobernador de Santander. Condenado a nueve años de cárcel por sus nexos con el Bloque Central Bolívar de las autodefensas.
César Pérez García: Otro de los poderes en Antioquia. Fue sentenciado a 30 años de cárcel por la matanza de 43 personas en Segovia (Antioquia), a manos de ‘paramilitares’ del Magdalena Medio y de Urabá en noviembre de 1988.
Javier Cáceres Leal: Fue presidente del Congreso y usó como bandera política la lucha contra la corrupción. Su poder lo ejercía en Bolívar. Recibió una condena de nueve años por el apoyo que obtuvo de los ‘paras’ en la campaña del 2006.
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