Tendrá que pagar además una multa de 100 salarios mínimos.
La delegada de la Procuraduría para la infancia y la adolescencia, Sonia Patricia Téllez, señaló que la ponderación del tiempo de condena que hizo la juez se basó en que Rafael Uribe no tenía antecedentes penales y también en la omisión de algunos agravantes. Así la condena máxima por feminicidio podía ser de 575 meses, a los que se sumaron otros 47 por los delitos de acceso carnal violento y secuestro, indicó Téllez.
Línea de tiempo: esto ha ocurrido tras el asesinato de Yuliana Samboni
A las 7:30 a. m. de este miércoles llegaron las primeras personas citadas a la audiencia.
El papá de la niña, Juvencio Samboni, llegó al complejo judicial de Paloquemao en Bogotá en compañía de algunos familiares. Su esposa no asistió porque este martes dio a luz.
«Espero que se haga justicia por mi hija, si no, no valdría la pena tanta prueba y tanta cosa para que le den unos 20 o 30 años, no me sirve, tiene que ser la pena máxima que hay aquí en Colombia», dijo el señor Samboni, antes de que la jueza revelara el tamaño de la condena.
Afuera de las instalaciones de Paloquemao también permaneció un grupo de personas que con pancartas y pitos pedían la condena máxima contra Uribe.
El pasado 27 de marzo, la juez 42 del circuito con función de conocimiento de Bogotá confirmó la restricción que tienen los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera para salir del país.
La funcionaria señaló que Uribe Noguera, quien durante la audiencia de imputación de cargos insistió en que estaba fuera de sí al cometer los hechos, lo hizo todo de forma voluntaria; «es decir, planeó y ejecutó los hechos consciente de sus actos».
Indicó, así mismo, que inicialmente Uribe negó haber violado la niña, supuestamente por el estado de alicoramiento en el que se encontraba y los efectos de las drogas; sin embargo, esto fue desmentido por Medicina Legal, que halló en el cuerpo rastros biológicos de Uribe.
«Es decir, planeó y ejecutó los hechos consciente de sus actos»
En medio de la lectura del documento, la juez hizo un llamado de atención a la Fiscalía y a la Secretaría de la Mujer del Distrito porque considera que las otras 15.000 víctimas de violencia sexual del año pasado no han tenido la misma atención desde la administración de la justicia.
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